CAPITULO II: ENFOQUE CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE
REUBICACIÓN
A
lo largo de la evolución del conflicto armado interno en Colombia, la
vulneración de derechos fundamentales iba en crecimiento, los casos de las
victimas llegaron a conocimiento de las diferentes autoridades nacionales;
estas, por diversos factores se vieron impedidas para responder correcta y
oportunamente a las necesidades de las victimas del desplazamiento forzado, por
lo que estas se vieron obligadas a acudir a los jueces de tutela, en razón a la
situación de vulnerabilidad que atravesaban. Es así como la Corte
Constitucional inicia un arduo estudio de la situación que viven los
desplazados, conminando a lo largo del tiempo a las diferentes autoridades
tanto públicas como privadas, a hacer frente al fenómeno del desplazamiento
forzado y hacer posible el derecho que les asiste a las víctimas de reubicarse.
Dentro
de la óptica del estado social de derecho, la colaboración de las autoridades
nacionales y locales debe ser armónica y estas deben entender que han sido
designadas para defender a todos los asociados y nunca pueden considerar que el
territorio bajo su jurisdicción es patrimonio particular del gobernante, ni que
la investidura que poseen es una carta abierta para definir quiénes pueden
vivir o no en determinada región.
Adicionalmente,
se identificaron dos de los problemas que impedían una respuesta adecuada
al fenómeno del desplazamiento:
1) la falta de
coordinación entre las distintas entidades, con la consiguiente dilapidación de
esfuerzos y recursos;
2) la falta de
desarrollo de la política estatal para el desplazamiento forzado plasmada en la
Ley 387 de 1997, lo que había conducido a su inaplicación práctica. Igualmente,
recordó la responsabilidad del Presidente de la República con la población
desplazada, en su triple calidad como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa para establecer la fórmula administrativa que
permita atender con prontitud las necesidades urgentes de las personas
desplazadas y superar la situación de descoordinación que se presenta en la atención
a este sector de la población nacional, de manera tal que se evite el
disipación de los escasos recursos que posee el país y se favorezca un trabajo
mancomunado entre la acción oficial y las labores desarrolladas por las
agencias internacionales y las ONG nacionales e internacionales.
El
restablecimiento socioeconómico es una vía para alcanzar la inclusión social,
potenciar el desarrollo humano de la población desplazada y como medio para
garantizar y proteger el goce de sus derechos y libertades. Para alcanzar dicho
restablecimiento se hace necesario mejorar la calidad de vida de las víctimas
con la adopción de diferentes acciones, como permitir el acceso a la tierra, el
acceso a soluciones de vivienda, entre otras de igual importancia.
El desarrollo humano integral y psicológico realiza una reflexión sobre los problemas que atraviesan las personas en condición de desplazamiento y víctimas del conflicto armado en la ciudad de Florencia y el resto del país, complicaciones como lo es la salud psicológica y su respectivo seguimiento, educación, retorno con sus familias, seguridad, entre otras, pero a un mejor es la estabilidad psíquica, económica y laboral la que tiene más fuerza.
El post-conflicto en Colombia no es una cuestión del futuro, sino del pasado y del presente. Desde hace más de una década miles de desmovilizados han retornado a la legalidad, construyendo sus proyectos de vida, muchas veces en el anonimato, en las ciudades, municipios y zonas rurales. Esto es uno de los factores que indican que el proceso de reintegración ha sido exitoso, e igualmente plantea la cuestión respecto a cuán preparada esta la sociedad para el post-conflicto.
La ruta de reintegración implementada por la Agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas (ACR) está diseñada para que cada persona en proceso de reintegración (PPR), de común acuerdo con un profesional reintegrador, desarrolle un plan individualizado que involucra la asistencia psicosocial, la asesoría legal, el acceso a la educación y la salud, la capacitación laboral, la formación para el trabajo y la construcción de oportunidades para promover su proyecto de vida.
El sector campesino en el municipio de Florencia Caquetá, ha sido uno de los sectores que más ha sufrido en carne propia los efectos nefastos del conflicto armado interno que ha vivido el país desde hace más de medio siglo, convirtiéndolos en víctimas de chantajes, vacunas, asesinatos, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado. Pese a ello los campesinos han llevado a cabo luchas para reivindicar su lugar en la sociedad y que se les reconozca no solo como productores de alimentos sino como sector social, como sujetos de derechos; han abogado por una reforma agraria que les permita el acceso a la tierra y han luchado por defender y permanecer en sus territorios, elementos que deben ser esgrimidos para la persuasión a los tomadores de decisiones municipales de la ciudad de Florencia Caquetá, además se evidencia la urgente necesidad de brindar mejor calidad de vida a la población campesina víctimas del conflicto armado en esta jurisdicción, y mitigar así los daños causados por esta violencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario